Cosechando desigualdades: la realidad sistémica de los migrantes en los campos de Carolina del Norte

Eleazar tenía 24 años en 2014, cuando comenzó a trabajar de manera estacional con una visa H-2A para trabajadores agrícolas temporales en una plantación de tabaco en Benson, Carolina del Norte. Eleazar, quien solicitó que solo se publicara su primer nombre por temor a represalias, vivía en una "galera" con otros 49 trabajadores, sin sistema de calefacción ni refrigeración. Ahora de 33 años, Eleazar describió cómo los trabajadores a menudo sufrían enfermedades debido a la exposición continua a la nicotina en el tabaco, así como síntomas causados por el calor en los campos.

“Un día sí me pego fuerte. Llegando a la casa, ya no aguantaba y como que me mareé”, recordó. “Me enfermé. Duré dos días sin ir a trabajar. Le comenté al encargado y nada más él me decía, pues tomate unas pastillas y quédate en la cama, nada más. Era igual para todos… no nos prestaban mucha atención”. 

Del 2011 al 2023, al menos cinco trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros murieron a causa del calor en Carolina del Norte, según datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del estado.

José Arturo González Mendoza, de treinta años, podría formar parte de esa lista: falleció el 5 de septiembre mientras cosechaba camotes en Barnes Farming & Farm Pak en el condado de Nash. La causa de su muerte aún no se ha determinado, pero su hermano Gustavo cree que José Arturo falleció debido a las duras condiciones laborales exacerbadas por el calor extremo.

El programa de visas H-2A tiene una historia de controversias. Los defensores sostienen que los trabajadores H-2A en Carolina del Norte son vulnerables a abusos en cada etapa del programa de visas porque los empleadores tienen tanto poder sobre ellos, lo que los hace temerosos de expresarse. Aun así, algunas granjas afirman que representan un modelo más progresista. 

Quienes abogan tienen la esperanza de que las regulaciones federales propuestas, si son adoptadas, ayudarían a mejorar los problemas sistémicos en el programa, aunque muchos expresaron preocupaciones sobre la falta de personal en las agencias encargadas de la aplicación.

El programa de visas H-2A 

González Mendoza llegó a Carolina del Norte desde Guanajuato, México, para trabajar como jornalero agrícola temporal 11 días antes de su fallecimiento.

El día que falleció "estaba muy caliente", dijo Gustavo. "Los compañeros que andaban ahí dijeron que él se sentía mal y que los encargados le dijeron que le diera, que siguiera porque no pasaba nada", explicó. "Él se cayó…lo llevaron al bus y llamaron a una ambulancia, pero ya era muy tarde".

En declaraciones por correo electrónico, un portavoz de Barnes Farming escribió: "Cada miembro del equipo de Barnes Farming es vital para la compañía, para la comunidad y para el suministro mundial de alimentos, y como empresa y una familia de dedicados miembros del equipo, estamos profundamente entristecidos por la pérdida del Sr. González Mendoza".

En el programa de visa H-2A, que permite a trabajadores agrícolas extranjeros trabajar temporalmente en los Estados Unidos, los jornaleros dependen de sus empleadores para obtener la visa, transporte, alimentos y alojamiento, además de su sustento.

Establecido en el 1952, el programa de visa H-2, posteriormente se dividió en H-2A para trabajadores agrícolas y H-2B para empleo estacional no agrícola, según el Bipartisan Policy Center. El Departamento de Trabajo certificó 372,000 empleos agrícolas con trabajadores H-2A en el año fiscal 2022, un aumento de 17% con respecto al año anterior, según Rural Migration News.

Pero el sistema de visas ha generado preocupaciones a nivel nacional debido a lo que algunos defensores consideran una "explotación" de los trabajadores y una aplicación laxa de las normativas.

Barnes Farming y la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte

El Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) de Carolina del Norte  aún está investigando la muerte de González Mendoza en Barnes Farming; este organismo investiga todos los informes de muertes relacionadas con el trabajo.

Esta no es la primera vez que la granja se ve envuelta en controversias relacionadas con sus trabajadores. Uno de los incidentes más antiguos fue una audiencia de supervisión del Congreso en 1983 que señaló a dos operadores de campamentos laborales de Barnes Farming que violaron repetidamente las leyes laborales. Trabajadores agrícolas migrantes demandaron a Barnes Farming en 1986 y 2013 por salarios impagos o demasiado bajos y condiciones de vivienda deficientes.

Como parte de la declaración anterior, el portavoz de Barnes Farming escribió:  "La empresa toma la salud y seguridad de cada uno de sus miembros del equipo extremadamente en serio y ha priorizado la salud y seguridad desde que la granja fue iniciada".

Johnny Barnes, el presidente de Barnes Farming Corporation, está casado con la senadora estatal, Lisa Barnes, del Partido Republicano por los condados de Franklin, Nash y Vance.

Barnes Farming es miembro de la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte, o NC Growers Associations, una red de propietarios de granjas en todo el estado. NC Growers Associations ayuda a sus miembros a solicitar trabajadores H-2A y gestiona las solicitudes de visa y el transporte de los trabajadores desde sus lugares de origen en México hasta Carolina del Norte. Luego, la asociación emplea conjuntamente a esos trabajadores con las granjas miembro.

González Mendoza era uno de esos trabajadores.

NC Growers Associations, fundada por Stan Eury, ex empleado del gobierno estatal de Carolina del Norte es el mayor usuario de trabajadores H-2A en el país; en 2020, certificó más de 10,000 posiciones H-2A. La organización también tiene antecedentes de presuntas violaciones a las leyes laborales, detalladas en una investigación de Buzzfeed en 2015, que incluye demandas por robo de salarios y múltiples investigaciones del Departamento de Trabajo federal. Otra empresa de visas fundada por Eury, International Labor Management Corp., fue cerrada debido a violaciones de visas.

Los líderes de la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte no respondieron a múltiples solicitudes por correo electrónico y teléfono para realizar comentarios.

Según Flor Herrera-Picasso de Casa Azul de Wilson, una organización sin fines de lucro latina que colaboró con Gustavo, hermano de González Mendoza, los demás trabajadores de Barnes Farming sufrieron intimidación tras el fallecimiento de González Mendoza. 

"Los enviaron a diferentes campos para que no pudieran organizarse, hablar, intentar idear algo más o expresarse", comentó. "¿Quién investiga este tipo de comportamiento cuando hay intimidación y se intenta silenciar a las personas?"

Cuestionado sobre estas afirmaciones, un portavoz de Barnes Farming negó cualquier intento de intimidar a los trabajadores.

Escribieron en un comunicado por correo electrónico: "Las acusaciones de intimidación por parte de Barnes Farming después de la pérdida del Sr. González Mendoza, junto con otras acusaciones hechas debido a este trágico incidente, carecen de fundamento y sin ningún fundamento en hechos".

La muerte de González Mendoza también generó llamados para que Carolina del Norte apruebe una ley de protección contra el calor, debido a quejas de trabajadores por pausas limitadas, acceso inadecuado a sombra e insuficiente suministro de agua.

Gustavo también dijo que había escuchado que a los trabajadores no se les daba el tiempo adecuado para tomar agua en la granja donde su hermano falleció. Al ser preguntado al respecto, un portavoz de Barnes Farming negó las alegaciones.

"Las alegaciones de que los trabajadores en Barnes no reciben o no recibieron múltiples descansos para mantenerse bien hidratados, al igual que las alegaciones de que los trabajadores fueron intimidados o trasladados a otros campamentos como forma de intimidación, que Barnes ya ha abordado previamente, son igualmente infundadas y sin ningún fundamento en hechos", dijo el portavoz.

La autopsia de González Mendoza aún está pendiente; se espera que tome entre tres y seis meses. Debido a la espera prolongada de los resultados, Herrera-Picasso mencionó que Gustavo expresó preocupación de que la autopsia pudiera ser manipulada y que él no conocería la causa de la muerte de su hermano antes de que venciera su permiso de trabajo.

La barrera del idioma y la escasa comunicación de parte de las autoridades y empleadores pueden dificultar que los familiares descubran qué sucedió con sus seres queridos que fallecieron, según la esposa de Abraham González Cervantes, de 53 años, quien falleció en agosto. Juana Muñoz Guerrero, su esposa, afirmó que él se quejó de sentirse mal pero no recibió atención médica en el campo donde estaba trabajando en el condado de Wilson. Ella aún no sabe cómo murió.

"En el acta de defunción que me enviaron con el cuerpo dice que es un posible infarto. Del hospital me dijeron que se va a seguir investigando sobre su muerte. Puede ser en 6 o 8 meses", dijo Muñoz Guerrero.

Tarifas de reclutamiento ilegales

Independientemente de lo que causó la muerte de González Mendoza, algunos trabajadores agrícolas pueden enfrentar abusos incluso antes de entrar al país. Desde que comenzó en 2014, Eleazar mencionó que ha sido difícil encontrar empleo bajo el programa de visas H-2A sin tener que pagar tarifas ilegales de reclutamiento, las cuales a veces son cobradas por agentes que los reclutan en sus países de origen para el programa H-2A.

Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo en el Centro de los Derechos del Migrante, una organización sin fines de lucro que ayuda a trabajadores migrantes con base en México, afirmó que las tarifas ilegales de reclutadores son una de las formas más comunes de fraude en el proceso H-2A. Algunos reclutadores también ofrecen oportunidades laborales que no existen o describen de manera falsa el salario y las condiciones de trabajo, explicó. Reyes mencionó que esto se debe a la falta de un proceso de reclutamiento "estructurado" para que los empleadores obtengan trabajadores H-2A.

Actualmente, los empleadores que deseen contratar trabajadores H-2A deben proporcionar una copia de los acuerdos con sus reclutadores de mano de obra extranjera que "prohíban expresamente tarifas ilegales" si así lo solicita el oficial certificador.

Reyes señaló que existe una cadena de reclutamiento en México para trabajadores H-2A que puede implicar diferentes niveles de riesgo y costos para los trabajadores involucrados. Debido a que hay cientos de individuos o agencias involucradas, el gobierno mexicano carece de la capacidad para rastrear eficazmente cada proceso de reclutamiento, explicó.

Una vez que los trabajadores agrícolas llegan a Estados Unidos, pueden enfrentar duras condiciones de trabajo y de vida. Un trabajador agrícola migrante, de 40 años, que trabaja en una granja en Harnett County, Carolina del Norte, y desea permanecer en el anonimato por temor a represalias de su empleador dijo que el contrato de los trabajadores les concede un descanso de 15 minutos cada hora en días excepcionalmente calurosos.

A pesar de esta disposición y de ser pagados por hora, mencionó que los trabajadores experimentaron presión por parte del dueño de la granja si el contenedor no se llenaba con hojas de tabaco dentro de un tiempo predeterminado.

El trabajador agrícola estacional con 20 años de experiencia mencionó que, si los trabajadores tardan más de lo normal en llenar el recipiente, el jefe cuestionará qué estaban haciendo: “No podemos tomar más tiempo del que ya está asignado para nosotros. Una vez que comenzamos a llenar un recipiente, no podemos permitirnos sentarnos durante unos 10 minutos”, explicó.

Aun así, en días abrasadores, los trabajadores dijeron que tomaban descansos colectivos, a pesar de enfrentar amenazas por parte del dueño de la finca de reportarlos a la North Carolina Growers Association.

“Prefiero mi integridad física a morir ahí en el campo. Cuando hace demasiado calor, nosotros nos salimos, y ha pasado dos veces”, indicó otro trabajador agrícola, quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias de su empleador.

Los trabajadores migrantes en la granja de Harnett County también expresaron preocupación acerca de las condiciones de vida deficientes en sus remolques, incluyendo una infestación de chinches. Los jornaleros mencionaron que sus camas tienen manchas de sangre por picaduras de chinches. Para lidiar con las altas temperaturas en sus remolques, instalaron aires acondicionados, pero cada persona debe contribuir con $10 al dueño de la granja cada ocho días por su uso.

Regresando a casa 

Después de que concluye la temporada de cosecha, los trabajadores agrícolas afiliados a NC Growers Associations dijeron que deben esperar hasta que se ocupen todas las vacantes en otras granjas miembro para la cosecha de la próxima temporada antes de poder salir de los Estados Unidos, incluso si ya han cumplido su contrato en una granja en particular.

Tres trabajadores agrícolas en la granja de Harnett County mencionaron que, después de terminar su trabajo, esperaron semanas sin empleo hasta principios de noviembre, cuando recibieron permiso para regresar a su país de origen. Afirmaron que, si hubieran intentado irse antes de que se ocuparan las vacantes, no habrían recibido reembolso por su viaje de regreso.

“Es solo cuando se ocupan las vacantes del camote y del pino que van a empezar a dar los reembolsos porque ya no hay trabajo para ofrecerle a los demás trabajadores”, explicó uno de los jornaleros que cosecha tabaco; prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias. 

Una vez que los trabajadores tienen permiso para irse, se supone que los empleadores H-2A deben reembolsarles los gastos de su viaje de regreso a casa, aunque algunos no cumplen con este requisito. Incluso si los trabajadores son reembolsados correctamente, pueden tener que pagar tarifas adicionales en el camino.

Tres trabajadores agrícolas, quienes desean mantenerse en el anonimato por temor a represalias de sus empleadores, dijeron que, al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en los autobuses contratados por la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte, a menudo tienen que pagar tarifas adicionales para pasar, conocidas como "la mordida" o sobornos.

Uno de los jornaleros mencionó que esas tarifas han aumentado. Hace una década, pagaba alrededor de $20-30 en la frontera entre Texas y México. Para el año 2020, dijo que las tarifas habían aumentado a entre $80-100 por trabajador.

Él dijo que suele completar la primera etapa de su viaje, desde Estados Unidos hasta Monterrey, México, a las 6 de la mañana. Luego llega a Michoacán, su destino, alrededor de la medianoche. Si los trabajadores no pagan los sobornos, el viaje se extiende considerablemente, explicó. 

“Si bajaban todas las maletas te llevaban como otras 4 horas más. En la frontera estarías parado digamos unas 6 a 10 horas. Entonces todo ese tiempo nos lo ahorramos al pagar”, dijo. El dinero es recolectado por el conductor, quien, según él supone, luego lo entrega a la persona encargada de supervisar su entrada a México.

Las tarifas también pueden variar dependiendo de ciertos días u horas en que los trabajadores crucen, según un trabajador.

María Mejía, miembro de El Futuro Es Nuestro, una organización liderada por trabajadores agrícolas que aboga por mejores condiciones laborales ha estado luchando en contra de estas tarifas. En 2019, solicitó informes anónimos de trabajadores sobre estos incidentes.

“Nosotros recibimos más de 100 denuncias de trabajadores, incluyendo fotos y grabaciones del chofer que estaba recibiendo dinero y del chofer pidiendo a un trabajador que levante la colecta”, narró Mejia. “Lamentablemente, cuando quisimos hacerlo más allá, ahí se quedó”. 

Una tropa del gobierno mexicano escoltó a algunos de los autobuses después de que un trabajador agrícola presentara una queja directamente al consulado mexicano. Despidieron a ocho conductores de autobuses ese año, dijo Mejia, pero no resultó en cambios duraderos.

Funcionarios, abogados y defensores 

Puede ser difícil hacer cumplir las leyes contra los abusos dentro del programa de visas H-2A. Caitlin Ryland, abogada principal de la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Legal Aid of NC, afirmó que la estructura del programa H-2A crea una dinámica de poder desequilibrada entre los empleadores y los trabajadores.

"Puedes estar desincentivado a denunciar algo que ocurra en el trabajo debido a esa dinámica de poder", afirmó.

"De hecho, si las cosas son realmente malas, tú estás incluso más desincentivado a hablar porque tu empleador podría ser excluido del programa en el futuro y entonces pierdes esa fuente de ingresos y tu capacidad para regresar cada año", dijo Ryland.

Sin embargo, el DOL suele depender de las quejas de los trabajadores para hacer cumplir las protecciones, dijo.

“Mi entendimiento es que sus recursos limitan seriamente su capacidad para dar seguimiento a ciertos problemas o llevar a cabo investigaciones proactivas mientras los trabajadores están aquí”, dijo Ryland. 

En una declaración por correo electrónico, Jennifer Haigwood, directora de OSH en NCDOL, escribió: "La Oficina de Seguridad y Salud Agrícola (responsable de las inspecciones de viviendas para migrantes) cuenta con ocho posiciones de inspectores. Nuestras oficinas generales de Cumplimiento de Seguridad y Salud (que abarcan todas las industrias generales y la construcción) cuentan con aproximadamente 100 posiciones de cumplimiento".

Los departamentos federales y estatales de trabajo comparten la responsabilidad de hacer cumplir los estándares para los trabajadores H-2A. Según Haigwood, el estado se encarga principalmente de las inspecciones y quejas relacionadas con la vivienda de los migrantes, así como cualquier problema de seguridad y salud en el lugar de trabajo que caiga bajo la jurisdicción de la División de Seguridad y Salud Ocupacional. Los problemas relacionados con el pago de salarios y otras protecciones bajo las reglas de H-2A son supervisados por el DOL de los Estados Unidos.

Alexis Guild, vicepresidenta de Estrategia y Programas en Farmworker Justice, señaló que existe un problema similar a nivel federal, con un número limitado de inspectores del DOL, lo que significa que la agencia debe depender de las quejas de los trabajadores.

La División de Salarios y Horas del gobierno federal, encargada de investigar cuestiones como el robo de salarios, padece de una "grave falta de personal" y actualmente investiga a menos del 1% de los empleadores agrícolas por año, según un informe de 2023 del Instituto de Política Económica.

Según un portavoz del DOL de los Estados Unidos, la División de Salarios y Horas cuenta con 733 investigadores. Esta división hace cumplir las leyes laborales federales en 11 millones de lugares de trabajo para 165 millones de empleados.

En una declaración por correo electrónico, el portavoz escribió: "Aunque somos una agencia pequeña, trabajamos incansablemente para proteger los derechos de la fuerza laboral de la nación e involucramos a diversos socios e interesados para amplificar el impacto de nuestros esfuerzos de cumplimiento y divulgación".

Al preguntarle sobre las protecciones para los trabajadores agrícolas en una conferencia de prensa con medios latinos, el Gobernador Roy Cooper dijo a este medio: "Hay muchas reglas y regulaciones diferentes que interactúan, el Departamento de Trabajo aquí en Carolina del Norte, hay reglas federales, también hay reglas que sé que la legislatura aprueba. Quiero seguir trabajando con las comunidades en todo Carolina del Norte para tratar de mejorar esas condiciones, tanto presionando a las empresas como logrando la aprobación de medidas justas que garanticen la protección de las personas".

Gobierno federal, aplicación y regulaciones

Cuando los trabajadores se quejan, algunos sienten que no son escuchados. 

Según Haigwood, cuando el NCDOL recibe una queja, el personal de cumplimiento primero evalúa si la queja justifica una investigación y, de ser así, envían una carta al empleador para darles la oportunidad de responder. El personal evalúa esa respuesta y puede realizar una inspección en el lugar si consideran que el problema no se ha resuelto. Los inspectores siempre intentan entrevistar a los empleados, escribió Haigwood en una declaración enviada por correo electrónico.

Después de la muerte de González Mendoza, el NCDOL inició una inspección en Barnes Farming, la cual aún está en curso.

Pero los trabajadores agrícolas afirman que los inspectores no interactúan con ellos.

“Nada más hablan con los encargados. Con nosotros, que de veras tenemos cosas que platicar, pues no”, afirmó un experimentado trabajador agrícola estacional con 14 años de experiencia, quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias de su empleador.

Un empleador que se descubre que ha violado una ley laboral podría ser multado o retirado temporal o permanentemente del programa H-2A, dependiendo de la gravedad de la violación. Sin embargo, algunos cultivadores han encontrado formas de eludir la sanción, conocida como una exclusión.

Investigate Midwest, un medio de comunicación independiente y sin fines de lucro con sede en Illinois, descubrió seis casos en los cuales empleadores con la misma dirección, propietario o número de teléfono que empresas activamente sancionadas fueron aprobados para trabajadores H-2A.

Para iniciar una queja, los trabajadores afiliados al sindicato Farm Labor Organizing Committee (FLOC) se ponen en contacto con un representante del sindicato. Si el sindicato no logra resolver el asunto, los trabajadores pueden comunicarse con NC Growers, si su empleador forma parte de la asociación. Si aun así no se logra una resolución, los trabajadores pueden presentar una queja ante el DOL. 

Los miembros de FLOC trabajan bajo los términos de un contrato que el sindicato negoció con NC Growers. Sin embargo, el sindicato ha sido objeto de escrutinio debido a su presunta falta de respuesta a las quejas de los trabajadores agrícolas. También han surgido preguntas sobre su liderazgo, según revela una investigación realizada por The Assembly.

Soluciones al programa de visas H-2A

A pesar de los problemas del programa H-2A, muchos lo ven como un beneficio mutuo para los trabajadores extranjeros y los empleadores estadounidenses. Timothee Sallin es co-CEO de IMG Enterprises, que opera Cherrylake, una empresa de horticultura ornamental en Florida. Cherrylake comenzó a utilizar el programa H-2A hace una década, porque no había muchos trabajadores locales dispuestos a realizar el exigente trabajo físico necesario para sus cultivos, según explicó Sallin.

Sallin dijo que ve el programa H-2A como altamente regulado. Tiene que demostrar que agotó todas las opciones para contratar trabajadores estadounidenses antes de emplear a trabajadores extranjeros, y que estos están llevando a cabo el trabajo descrito en su orden de trabajo.

"Si nos prohibieran participar en el programa, bien podría significar el fin de nuestro negocio porque no podríamos seguir produciendo", afirmó.

La mayoría de sus trabajadores quieren regresar y trabajar para él cada año, afirmó, lo que le indica que está proporcionando un buen ambiente de trabajo.

Él mencionó que los trabajadores ganan salarios mucho mejores de los que podrían obtener en sus países de origen, además de contar con acceso a seguro médico y planes de jubilación 401K. En Cherrylake, la mayoría de los trabajadores viven en una instalación de 16,000 pies cuadrados en la granja que Sallin diseñó, la cual cuenta con ocho unidades de tres habitaciones.

"Sé, por hablar con ellos, que muchos han podido ahorrar mucho dinero y utilizarlo para construir casas en sus países de origen. Algunos han vuelto a la escuela. Algunos han iniciado negocios", dijo Sallin.

Sin el programa H-2A, Sallin afirmó que no habría regulación en la importación de mano de obra extranjera.

Esperanza de un cambio

Quienes abogan por los jornaleros tienen la esperanza de que las regulaciones federales propuestas para el programa H-2A, de ser aprobadas, fortalezcan las protecciones y la aplicación de los derechos de los trabajadores.

"La nueva regla es específica, indicando que habrá consecuencias para los empleadores que no estén atentos a estas acusaciones o que puedan ser permisivos, lo que significa que podrían ser castigados con varios años sin obtener certificaciones para traer trabajadores en otra temporada", afirmó Reyes.

Guild dijo que las regulaciones propuestas tienen como objetivo facilitar que los trabajadores H-2A obtengan atención médica y se unan a sindicatos, proteger a los trabajadores contra represalias y fortalecer las reglas de inhabilitación para evitar que las empresas excluidas continúen contratando trabajadores bajo el programa de visas H-2A.

"Estas regulaciones propuestas son muy positivas y fortalecerán las protecciones para los trabajadores, y con suerte también reforzarán la aplicación efectiva por parte del DOL para prevenir el abuso dentro del programa", afirmó Guild.

Sin embargo, Guild dijo que espera que las reglas, una vez finalizadas, estén sujetas a litigios.

El período de comentarios sobre las regulaciones propuestas finalizó el 14 de noviembre. El USDOL debe revisar todos los comentarios antes de que las regulaciones sean evaluadas por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios. Luego, la regla final se publica en el Registro Federal con respuestas a los comentarios.

Informe especial producido por Enlace Latino NC y Carolina Public Press.
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